En el “A Fondo” de este mes hablamos de cómo la pesca de arrastre afronta una transición en un Mediterráneo sometido a fuertes presiones socioambientales.
El Mediterráneo occidental es hoy un espacio de límites ecológicos, políticos y socioeconómicos. En este mar tan antiguo como humanizado, la pesca de arrastre —una actividad clave en la economía e identidad de muchas comunidades litorales catalanas— se debate entre la necesidad de seguir pescando y la evidencia de que los ecosistemas no aguantan el ritmo que habían sostenido en el pasado. Los datos lo dejan claro, y también lo hacen los expertos que trabajan sobre el terreno.
“Estamos en un momento de transición acelerada”, resume la investigadora del ICM-CSIC Marta Coll. “Las presiones sobre el ecosistema marino han crecido tanto y tan rápido que ya no podemos gestionar la pesca de manera aislada; hay que integrarla como un componente más del sistema socioeconómico marino en un sistema ecológico fuertemente tensionado y cambiante”.
La lista de presiones es larga y conocida: sobrepesca acumulada durante décadas, transporte marítimo en expansión constante, usos costeros intensivos, contaminación de origen terrestre y, de forma transversal, un cambio climático que altera la distribución y la productividad de muchas especies. Todo ello configura un escenario en el que los márgenes para el error o la inacción se reducen. Tal como recuerda Coll, “cuando las evaluaciones de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina indican que para muchos de los parámetros analizados el estado del ecosistema marino no alcanza los umbrales mínimos para garantizar un buen estado ambiental, eso significa que no hay colchón: una mala decisión tiene consecuencias rápidas y difíciles de revertir”.
El reto de transformar el arrastre
En este contexto, la pesca de arrastre es quizá la modalidad pesquera que más tensiones acumula. Por definición, arrastrar una red por el fondo implica impactos físicos y ecológicos significativos en los hábitats bentónicos. No obstante, el debate no es tan simple como prohibir o mantener, sino cómo transformar.
“La pregunta que nos estamos planteando actualmente es qué arrastre queremos y nos podemos permitir en un contexto de ecosistemas frágiles, y qué incentivos y herramientas necesitamos para hacer posible este cambio”, advierte el investigador del ICM-CSIC Miquel Ortega.
Desde 2019, la Unión Europea ha impulsado un plan de gestión con medidas que, según los primeros indicios, empiezan a dar resultados tímidos: reducciones progresivas de los días de pesca, modificaciones técnicas en las redes para mejorar la selectividad, cierres de zonas, vedas más extensas. Son acciones que, según Coll, “han sido necesarias, aunque han llegado tarde cuando el ecosistema marino está ya muy castigado”. Los stocks evaluados —todavía muy pocos respecto al total de especies explotadas— muestran una ligera mejora en comparación con hace una década; pero las mejoras deben interpretarse con cautela. Los modelos de estimación de biomasa tienen limitaciones importantes y presentan una incertidumbre elevada, tal como recuerdan los expertos.
“Decir que algunos stocks están mejor no es lo mismo que decir que los stocks y el ecosistema ya están bien: significa que avanzamos, pero estamos muy lejos de los niveles que pueden garantizar un sistema ecológico resiliente ante las crecientes presiones a las que lo sometemos y capaz de adaptarse al cambio climático”, explica Coll.
Las últimas evaluaciones del consejo científico de la UE (STECF) confirman esta fragilidad. Especies emblemáticas como la merluza o la cigala continúan en niveles de biomasa muy bajos, con alta mortalidad pesquera y poca capacidad de recuperación. En cuanto a las gambas —un recurso especialmente sensible en el Mediterráneo noroccidental— los informes del ICATMAR indican que según la mayoría de técnicas de evaluación realizadas, la gamba blanca se encuentra en líneas generales en mejores condiciones que la gamba rosada. Pero en el caso de la gamba rosada, que es la de mayor valor económico, en la mayoría de los modelos aún se considera que presenta una biomasa por debajo de los objetivos establecidos —aunque con tendencia positiva— y una presión pesquera por encima de los objetivos —aunque decreciente—.
Además, alertan de un incremento en los descartes de gambas pequeñas para evitar sobrepasar los límites máximos de captura establecidos por la normativa —ya que los pescadores concentran las capturas comercializadas en los segmentos de mayor tamaño y valor comercial, arrojando al mar muertas las gambas pequeñas para no contabilizarlas como capturas—, un factor que debe tenerse en cuenta en el futuro para evitar distorsionar la percepción real de la abundancia. También existe una percepción en los puertos de que existe riesgo de que vuelva a aumentar la comercialización no declarada de esta especie tan valiosa. A estos cambios en las prácticas pesqueras se suma un cambio en la composición del esfuerzo pesquero: algunos barcos de mayor tonelaje, tradicionalmente destinados a zonas más profundas, al tener limitada su disponibilidad de permisos de captura de gamba, han aumentado su actividad en fondos costeros, añadiendo presión sobre ecosistemas litorales ya muy sobreexplotados.
Un futuro incierto
También se presentan retos importantes de carácter socioeconómico: la flota está envejecida, le cuesta conseguir y retener trabajadores, los costes operativos —muy dependientes de las fluctuaciones del petróleo— tienen una gran volatilidad, la viabilidad del conjunto de la actividad es frágil porque depende de un fuerte sistema de ayudas públicas y subvenciones, y además enfrenta importantes retos de mercado como una creciente competencia y cambios en el consumo que en muchos aspectos alejan las capturas del arrastre de las preferencias del consumidor. Todos estos aspectos forman parte de un panorama que preocupa en todos los puertos.
Pero no todo son malas noticias: la ligera recuperación de algunos stocks y el incremento de los precios de venta de los últimos años, además de la disminución de los costes operativos derivada de salir menos días al mar y de un precio del petróleo más bajo, ha supuesto un aumento importante del beneficio en los últimos tres años para buena parte de la flota de arrastre catalana.
“El ecosistema está cambiando, y también el contexto socioeconómico de consumo y comercialización; por eso es imprescindible abordar de manera decidida una transición que integre todos los factores y asuma que la flota seguirá cambiando, el statu quo no es una opción”, insiste Ortega.
Por ello, la transición que proponen los investigadores incluye la consolidación de prácticas más selectivas; mejoras en la comercialización; un enfoque ecosistémico que integre también los factores sociales y territoriales; y una planificación clara con objetivos coherentes y consensuados con mirada a largo plazo que evite improvisaciones cada vez que una especie entra en estado crítico, además de un diálogo más profundo entre científicos, administración y sector pesquero.
La conclusión, si es que puede haber una en un escenario tan complejo, es que el futuro de la pesca de arrastre mediterránea se juega en un terreno estrecho, pero no inexistente. Las medidas actuales, a pesar de las dificultades de implementación, han abierto una ventana de oportunidad, pero es corta y exigirá valentía política y corresponsabilidad colectiva para aprovecharla y seguir progresando.
“El Mediterráneo siempre ha sido un mar de compromisos. El reto ahora es construir un compromiso nuevo: uno que ponga la salud de los ecosistemas en el centro y tenga objetivos socioeconómicos claros y coherentes con las limitaciones ecológicas existentes, porque de ello depende todo lo demás”, concluyen Coll y Ortega.